La represión en Cuba continúa intensificándose y ha llevado la cifra de presos políticos en la isla a un nuevo récord de 1.185, según el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders (PD).
En agosto se sumaron 13 nuevos casos, mientras que cuatro salieron de la lista: tres por cumplimiento íntegro de sanción y uno por exilio forzoso. Se trata de la activista Aymara Nieto Muñoz, quien fue excarcelada bajo la condición de abandonar la isla y enviada a República Dominicana junto a su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas menores.
“Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo”, señaló a Martí Noticias el presidente de la organización, Javier Larrondo.
“Las liberaciones por cumplimiento no alcanzan ni de cerca a la cuantía de los nuevos presos políticos y de conciencia”, indicó.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, 1.735 cubanos han sido encarcelados por manifestarse contra el régimen. De acuerdo a PD, la mayoría son vecinos sin militancia política ni vínculos con organizaciones opositoras.
Casos recientes documentados incluyen el de Adrián González Pérez, trabajador por cuenta propia en Guantánamo, arrestado tras protestar contra una multa de 36.000 pesos; Leonardo Maleta Veranes, huérfano detenido en Santiago de Cuba por escribir consignas en una escuela; y Pavel Torres Rodríguez, encarcelado desde octubre de 2024 en Matanzas por publicar críticas en Facebook, sin que hasta hoy se le haya celebrado juicio.
Prisoners Defenders también denunció golpizas y malos tratos en centros penitenciarios, así como el deterioro de la salud de varios reclusos.
De acuerdo con las cifras recopiladas por la ONG, 472 presos políticos padecen enfermedades graves, mientras que 41 sufren trastornos mentales sin tratamiento adecuado. Entre los encarcelados, 33 fueron detenidos siendo menores de edad, 30 de ellos aún cumplen sentencia y 3 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna.
“El uso del sistema penal cubano se ha convertido en un instrumento para silenciar cualquier forma de disenso”, concluye el informe, que acusa al régimen de La Habana de violaciones sistemáticas al debido proceso y a los derechos humanos fundamentales.
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